Cicig sí, siempre y cuando no dejemos al tiempo una reforma real al Estado

Hipótesis personal. El Presidente Otto Pérez Molina prorrogará hoy el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), porque no solo le conviene al pueblo, sino que a su mandato que está agónico en el último año.

Si no fuera por la red de corrupción en las aduanas que desbarató la Cicig, estaríamos pensando que el ente estaría empacando sus maletas. Pero, a raíz de los últimos casos positivos, la Comisión tiene el apoyo no solo del Ministerio Público y Organismo Judicial, sino que el más importante, el respaldo de la ciudadanía.

Pérez Molina podría decir que no va más la prórroga, pero sería solo para su consuelo, porque en realidad, sería un suicidio de su gobierno. A nadie, con sensatez, le conviene expulsar un apoyo importante en contra de la impunidad prevaleciente.

Guatemala por el momento, quizás un par de años más, necesita a la Cicig, pero debe fortalecer sus instituciones autónomas para que el país camine sin necesidad de bastón.

La población está indignada y no podemos seguir así, ya ni siquiera estamos al borde del abismo, estamos en caída vertiginosa.

Sí a la Cicig y sí a la urgencia de una reforma real del Estado guatemalteco, donde más que políticos, lo hagan ciudadanos comprometidos, responsables y serios.

Las leyes contra la corrupción no son la solución

Editorial elQUETZALTECO 23 de abril 2015

El país en los últimos tiempos se ha visto envuelto en grandes escándalos de corrupción, que la duda de la población no es si los funcionarios seguirán actuando del mismo modo, sino que, sobre si algún día se erradicará.

Partamos de la siguiente premisa: el corrupto es corrupto, no importa en qué esfera actúe, como el delincuente. Eso qué quiere decir, que los monstruos actuales no van a cambiar, por el contrario, solo están echando raíces en su poderío y controles para continuar saqueando los recursos del pueblo.

Gran parte de la población lo sabe, que prácticamente no se pueden regenerar o rehabilitar los actuales saqueadores descomunales, por eso casi no hay duda de que se mantendrá la corrupción en los ámbitos públicos, y lo peor es que todo apunta a quedar sin castigo.

La esperanza de muchos ciudadanos está en la posibilidad de que algún día se erradique el problema de los malos actos y sus consecuencias. La clase política actual, que se encuentra en el poder y los otros que son aspirantes, no tiene cura de lo que padece, de esa ambición de querer tener por medio de los recursos ajenos y no de su esfuerzo y honradez.

De esa cuenta podemos decir que las leyes existentes o las que vengan, no han servido de nada ni funcionarán, por una sencilla razón, porque no se aplican como debe ser, porque encima de todo priva la compra de voluntades que alcanza a los entes investigadores, como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, y al mismo sistema de justicia. Si las normativas fueran la solución, este país no tendría nada que resolver.

Ayer a las 3 de la mañana terminó de sesionar el Senado mexicano para, por fin, aprobar una ley que refuerza el combate contra la corrupción, muy esperada, dados los últimos escándalos por este ilícito en todos los niveles públicos, hasta las esferas más altas, como los señalamientos de enriquecimiento ilícito contra el presidente Enrique Peña Nieto y la primera dama, la actriz Angélica Rivera.

Esta nueva Ley Anticorrupción, que fue avalada con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, ya había pasado anteriormente por la Cámara de Diputados, por lo que es el reflejo de una necesidad de Estado. Sin embargo, lo más importante no es la ley, sino que su aplicación directa y sin reservas en todos los casos.

La pregunta es si Guatemala tiene y necesita una normativa de esta índole. Claro que sí. Y no es nueva, porque desde hace tres años que se aprobó el Decreto del Congreso 31-2012, conocida como la Ley contra la Corrupción, que contempla inhabilitación absoluta o especial de los funcionarios hallados culpables, penas de varios años de cárcel y multas de miles de quetzales. Desafortunadamente estas leyes, para la gente sin escrúpulos, están escritas en papel higiénico.

Entonces, ya nos dimos cuenta que la solución no son más leyes, sino que el castigo a los ladrones y la elección de nuevos ciudadanos honestos y trabajadores, además de una nueva cultura de transparencia con las nuevas generaciones.